Cada vez que se incrementa el precio de los combustibles, el ciudadano común reclama por el Impuestos especifico que afecta al petróleo y sus derivados.

Este Impuesto específico nace en la Ley 18.502 de 1986, y establece gravámenes para el gas, las bencinas, y el petróleo diésel, señalando dicha norma, que solo las empresas que ocupan dicho petróleo en maquinarias que no transitan por, calles, carreteras y caminos del país, podrán utilizar dicho impuesto como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Es así que el artículo 7 de la Ley 18.502 de 1986, que establece el Crédito Fiscal por la adquisición de Petróleo Diésel señala que:

Con la llegada de Marzo y los respectivos desembolsos escolares, muchos contribuyentes se preguntan si las ayudas que realizan algunos empleadores deben pagar cotizaciones previsionales e impuestos.

Es aquí donde aparece el concepto de Beca de estudio, el cual analizaremos.

El Servicio de Impuestos Internos ha hecho suya la definición de la RAE de Beca de estudio, señalando en la Circular 41 de 28 de Julio de 1999 que se debe entender por esta a "Estipendio o pensión temporal que se concede a uno para que continúe o complete sus estudios."

La misma Circular ha señalado que este concepto comprende a:

El común de la gente que asiste a un centro médico, nunca repara en que impuestos está cancelando al momento de recibir la atención.

Es así que dependiendo de la atención recibida, las personas recibirán boletas afectas, o en su caso exentas y/o no gravadas con IVA.

¿De qué depende dicha situación?

El artículo 8°, del D.L. N° 825, de 1974, grava con el impuesto al valor agregado las ventas y los servicios.

A su vez, el artículo 2°, N° 2, del mencionado cuerpo legal, define como servicio:

la acción o prestación que una persona realiza par otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los N°s 3 y 4, del artículo 20°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Por su parte, en el artículo 20°, N° 4 de la Ley sobre Impuesto a la Renta se encuentran clasificadas, entre otras, las rentas provenientes de actividades desarrolladas por clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares.

El artículo 17 N° 13 de la Ley de la Renta establece No constituye renta:

(...)la indemnización por desahucio y la de retiro hasta un máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a seis meses. Tratándose de dependientes del sector privado, se considerará remuneración mensual el promedio de lo ganado en los últimos 24 meses, excluyendo gratificaciones, participaciones, bonos y otras remuneraciones extraordinarias y reajustando previamente cada remuneración de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al del devengamiento de la remuneración y el último día del mes anterior al del término del contrato.

Por su parte el artículo 178 del Código del Trabajo, señala que:

El inciso tercero al Nº 6 del artículo 31º de la Ley de la Renta, el cual se establece el denominado «sueldo empresarial o patronal», en los siguientes términos:

No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne al empresario individual, que efectiva y permanentemente trabaje en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso, dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42º, número 1.

Como se puede apreciar, esta norma permite a los contribuyentes de la Primera Categoría rebajar como gasto necesario para producir la renta de la empresa la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones y la que se asigne al empresario individual, cuando efectiva y permanentemente trabajen en el negocio y siempre que respecto de ellas se estén efectuando las cotizaciones previsionales obligatorias a que se refiere el artículo 92º del D.L. 3.500, de 1980.